Jueces y fiscales se concentran en los Palacios de Justicia de toda España: “La independencia está en juego”.
11.06.2025 16:02
Los miembros de la carrera judicial y el Ministerio Fiscal han protagonizado hoy un paro simbólico de diez minutos a las 12 de la mañana frente a sedes judiciales de toda España.
La movilización, es un primer aviso frente a dos iniciativas legislativas impulsadas por el Ejecutivo que, a juicio de los convocantes, suponen una amenaza directa a la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público.
La protesta se centra en dos textos legislativos: por un lado, el proyecto de ley que modifica el sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal, actualmente en tramitación parlamentaria; por otro, el anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), aún en fase inicial.
Desde las asociaciones convocantes se sostiene que ambas iniciativas, lejos de ser meras reformas técnicas, erosionan principios esenciales del Estado de Derecho consagrados en la Constitución.
En particular, recuerdan que el artículo 117 de la Carta Magna reconoce la independencia del Poder Judicial como una garantía institucional frente a eventuales injerencias del poder político. Y consideran que los cambios proyectados suponen un debilitamiento estructural de esa garantía.
En Madrid, la concentración principal ha tenido lugar frente al Tribunal Supremo, donde más de un centenar de magistrados y fiscales, del Alto Tribunal, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de la Audiencia Nacional y de las fiscalías Antidroga y Anticorrupción, se han concentrado en silencio a lo largo de la fachada del Supremo para dar lectura al manifiesto.
Entre los magistrados que han secundado el paro en el Supremo, Antonio del Moral, Wenceslao Olea, Diego Córdoba Castroverde, José Luis Requero, Rafael Toledano, Manuel Almenar, Jesús Fonseca-Herrero, Sebastián Moralo, Juan Martínez Moya, Juan Pedro Quintana y Esperanza Córdoba.
Encabezando la concentración, por la Audiencia Nacional, su nuevo presidente, Juan Manuel Fernández, junto a los magistrados Eloy Velasco, María Tardón, Fernando Ruiz Piñeiro, Antonio Piña, José Luis Calama, Francisco Vieira Morante y Eduardo Perdiguero. Como fiscales, Alejandro Luzón, fiscal jefe Anticorrupción, y Javier Huete, fiscal del Tribunal del Tribunal.
Los encargados de leer el manifiesto han sido el fiscal de la AN Vicente González Mota, de la APIF, y la fiscal antidroga, Rosa Frías, de la Asociación de Fiscales (AF).
Los jueces y fiscales se han visto arropados por decenas de ciudadanos. Entre vítores de «valientes», «viva la justicia», «vivan los jueces» y «viva la independencia judicial», los manifestantes corearon también un mensaje cargado de simbolismo: «No estáis solos».
El documento leído advierte del riesgo de degradar el Poder Judicial hasta convertirlo en una institución “más vulnerable a las presiones del poder político y mediático”, en sintonía —han afirmado— con el retroceso institucional que se ha observado en democracias formalmente constitucionales pero sustancialmente deterioradas.
En paralelo, las asociaciones alertan sobre los efectos del anteproyecto de reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal, que prevé un notable incremento de las competencias del fiscal general del Estado. Actualmente nombrado por el Gobierno, el titular de esa institución pasaría a tener autoridad directa sobre nuevos fiscales de instrucción —una figura de nueva creación— sin que se prevean contrapesos o filtros previos a su designación.
Este diseño, advierten, agrava el riesgo de injerencias políticas en investigaciones especialmente sensibles, en contra de lo que exigen los estándares europeos de independencia del Ministerio Público. La supresión de garantías de autonomía interna dentro de la carrera fiscal supondría, además, una ruptura con el principio de imparcialidad que debe regir toda actuación del Ministerio Fiscal.
El manifiesto concluye con una advertencia que va más allá de lo corporativo: las reformas proyectadas minan los cimientos del sistema de garantías. En un contexto de creciente deslegitimación del poder judicial por parte de determinadas instancias políticas, los convocantes denuncian un clima hostil que debilita el Estado de Derecho y erosiona la confianza de los ciudadanos en su sistema de justicia.
Pese a ello, el Gobierno no se ha mostrado dispuesto a modificar el rumbo. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha restado importancia a las críticas, tildando de “infundados” los temores expresados por las asociaciones. Estas, sin embargo, mantienen su postura: si no hay cambios sustanciales, el conflicto podría desembocar en una huelga.